Territorio

Edición realizada por Fernando Lojo

Territorio

Lotes 55 y 14

Desde 1984, un conjunto de comunidades aborígenes del Chaco salteño viene luchando para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan en el Departamento Rivadavia. Las comunidades quieren que sea de carácter comunitario y que garantice a todos el libre acceso a los Recursos Naturales. Sólo de esa manera se les permitirá seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores.

Los dirigentes indígenas se presentaron ante la provincia para rechazar la propuesta de entrega de títulos de propiedad sobre el territorio que habitaban, ya que la decisión gubernamental consistía en urbanizar las comunidades y dividir el espacio territorial para dar a cada jefe un título individual. Esta modalidad anularía sus posibilidades de acceder libremente a los recursos y generaría disputas y conflictos internos por la defensa de uso exclusivo que haría cada comunidad una vez que tuviera un título de propiedad individual. Por ello, le pidieron al gobierno la entrega de una superficie sin divisiones internas, bajo un único título a nombre de todas ellas. Recién en el año 1991 se decretó unificar los lotes 55 y 14 y adjudicar una superficie sin subdivisiones mediante título único de propiedad a las comunidades aborígenes, garantizándoles el espacio necesario para su supervivencia y desarrollo.

Estamos ante una disputa por un territorio 35 veces más grande que la Capital Federal, con casi 30 años de negociaciones que parecen avanzar a la velocidad con la que crece un quebracho, en ese inmenso desierto verde que es el chaco salteño. Las más de 643.000 hectáreas esconden, además, una riqueza incalculable y un tesoro cultural que aportó muchos de los elementos que hoy son rasgos característicos de la identidad de la provincia.

En esta tierra, que guarda en sus profundidades petróleo y parte de una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, como es el acuífero Guaraní, viven, a grandes rasgos, dos tipos diferentes de pobladores. Por un lado, más de 50 comunidades aborígenes de cuatro etnias (Wichí, Qom, Chorote y Chulupi) conforman un verdadero privilegio cultural para la Provincia, aunque parece una condición muy poco valorada y desatendida. Dispersos entre ellos, conviven pacíficamente desde hace más de 120 años, cerca de 500 familias de gauchos, campesinos y comerciantes, que se denominan a sí mismos criollos.

Para exigir sus derechos, en 1992 las comunidades aborígenes conformaron la organización Lhaka Honhat que, en idioma wichí, significa “nuestra tierra”. Desde entonces comenzaron a realizar numerosas acciones legales y de protesta ante las autoridades provinciales y nacionales. Al agotarse todas las instancias de diálogo con las autoridades argentinas, las comunidades presentaron un recurso de amparo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que acogió su reclamo en marzo de 2008.

Con aprobación del Gobierno Nacional, pero sin consultar a las familias, el Gobierno de Salta autorizó la construcción de nuevas rutas y un puente internacional sobre el río Pilcomayo. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos. En los lotes en conflicto, también se registran muchos casos de tala ilegal de bosque nativo y daños ambientales por el sobrepastoreo vacuno y caprino.

Grupos empresariales locales y foráneos, con la venia y participación de los gobiernos de turno, arrasan cada vez más con los bosques nativos y territorios donde viven comunidades aborígenes y criollas desde tiempos ancestrales. Los daños ambientales y humanos que generan son inimaginables, toda vez que con la deforestación desequilibran el hábitat natural y exterminan el oxígeno pulmonar de nuestra tierra. Lamentablemente, nuestra Suprema Corte de Justicia, se declaró incompetente en materia de desmontes y talas en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, dejando sin efecto la prohibición cautelar que había dictado tres años antes y que había paralizado la expansión de la producción sobre los cuatro departamentos del norte salteño.

Las consecuencias físicas de degradación del monte chaqueño y la erosión progresiva del ecosistema y de la capacidad de producción del mismo por causa de la explotación irracional, son cada vez más evidentes. Esto compromete seriamente la viabilidad de todo proceso de regularización de tierras que se esté llevando a cabo, así como el futuro sustento de las familias criollas e indígenas.

La compleja relación que la comunidad Wichí establece con la naturaleza, y su particular economía de no-acumulación, ha permitido durante siglos que ellos sean el resguardo del uso sostenible de los recursos con una equidad extrema. La degradación, en contra de lo que sostienen los teóricos de la economía ambiental, se produce cuando se establecen derechos de propiedad sobre sus tierras.

Qué quieren los afectados:

– Que se les entregue un título comunitario de propiedad por las 400.000 hectáreas de tierra que ocupan.

– La familias criollas quieren los títulos individuales o en condominio, de otras 243 mil hectáreas.

– Que se les consulte sobre cualquier obra pública que se quiera realizar en ese territorio.

– Que el Gobierno de Salta declare a ambos lotes como área de preservación ambiental, y detenga los desmontes.

El Gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Ya van varias generaciones heredando la difícil misión de conseguir título de propiedad en esas cientos de miles de hectáreas del Estado. Para colmo, en el 2000 se entregó a familiares y amigos del poder gran cantidad de hectáreas a dedo. Por este tema el Gobierno tiene una resolución en contra por “ceder en forma ilegal secciones los lotes 55 y 14“, en un fallo -unánime- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En agosto de 2012, el decreto N° 2398 del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Salta, rubricado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, establece la asignación de 400.000 hectáreas para las comunidades indígenas en propiedad comunitaria; y 243.000 para las familias criollas que hayan acreditado su derecho de acuerdo a la normativa de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). ¿Qué están esperando?

El testimonio de Jairo, nuestro protagonista

Para saber cuál es la situación actual en los lotes fiscales 55 y 14, recurrimos a Jairo, el protagonista de Tunteyh. Nos dijo lo siguiente:

“Nunca se vieron conflictos ni amenazas entre los hermanos indígenas y los chaqueños (los denominados criollos) en el departamento de Rivadavia. Ahora que quieren dividir estos lotes ya se pueden presenciar disputas, ya hay discusiones, y hasta se amenazan con algo más grave: llegar a usar la violencia para ocupar este espacio.

Nosotros, que somos del lugar, tenemos que luchar para que nos entreguen un título único a nombre de todas las comunidades, parajes y puestos que están y estuvieron siempre dentro del departamento.

En el mes de febrero de 2013, hubo una reunión en ¨Los Mogotes¨, un puesto de una familia chaqueña, donde decidieron dividir el espacio. A cada comunidad se le asignó un terreno, sin consultar a los caciques de cada comunidad ni a los pobladores de cada misión. Para los indígenas es un encierro, nos privan salir en búsqueda de alimentos como la miel o la caza de animales; las mujeres ya no pueden trabajar con el chaguar. ¡Ni siquiera podemos llegar a la otra parte del rio!

¡Al empezar a dividir la tierra nos quitan la libertad! A partir de ahora vamos a tener más conflictos entre los hermanos indígenas, y también entre indígenas y criollos. Si no paramos esto nos vamos a destruir nosotros mismos, y así vamos a dar lugar a otros -que vienen de afuera- a que ocupen nuestras tierras. ¡Por favor hay que actuar rápido, no permitamos que nos dividan y luego nos quiten lo que es nuestro!

Tenemos toda la vida para arrepentirnos”


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